LEY ORGÁNICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE
DATOS
Ley
Orgánica española (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal) que
tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que
concierne al tratamiento de los datos personales, las
libertades públicas y los derechos fundamentales de las
personas físicas, y especialmente de su honor, intimidad y
privacidad personal y familiar. La
propia Constitución Española ya previó en su artículo 18.4
que "La Ley limitará el uso de la informática para
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de
los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos", lo
cual ha sido desarrollado -en virtud de la previsión de los
artículos 81.1 y 53.1 del propio texto constitucional
referido- por las normas posteriores que se han dictado
sobre la materia, encabezadas a nivel europeo por la
Directiva 95/46CE, y a nivel nacional por la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
Comprensiva de 49 artículos, quizá el más llamativo de
ellos sea el Artículo 45 en el que
se establecen las sanciones,
debido a la importancia de las mismas por su elevada
cuantía. Así: Las infracciones
leves serán
sancionadas con multa
de 600,01 a 60.001,01 Euros; las
infracciones
graves serán
sancionadas con multa
de 60.001,02 a 300.000,00 Euros; y
las infracciones
muy graves serán
sancionadas con multa
de 300.000,01 a 601.012,10 Euros.
A
nivel empresarial, su objetivo principal es regular el
tratamiento de ficheros, ya sean informáticos o no, que
contienen datos de carácter personal, los
derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones
de aquellos que los crean. Pese al elevadísimo importe de
las sanciones,
la mayoría de las empresas españolas incumple alguna
obligación relacionada en la norma, que
es susceptible de infracción sancionable según la misma.
La
Agencia de Protección de Datos es el organismo
independiente que vela por el cumplimiento de esta Ley en
las empresas españolas. En 2005, impuso multas por valor de
20 millones de Euros, cifra que se incrementará en los
próximos años, al crecer las denuncias de particulares, y
también los recursos que la APD.
